Hechos
La sentencia STSJ Asturias 2/2026, de 15 de enero de 2026 (recurso P.O. nº 456/2024), resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad de Propietarios de la DIRECCION000 de Oviedo (recurrente) contra la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias (Administración autonómica demandada), con la intervención como codemandados de diversas Comunidades de Propietarios sitas en Gijón (DIRECCION001-DIRECCION002, DIRECCION003, DIRECCION004 y otras diez comunidades agrupadas) y de la empresa ESFER Construcciones y Proyectos, SL (agente rehabilitador y adjudicatario beneficiado por la convocatoria). El litigio trae causa de dos resoluciones administrativas: la de 25 de marzo de 2024 y la de 11 de octubre de 2024, ambas de la citada Consejería, por las que se resuelve la concesión y denegación de ayudas para actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, encuadradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (convocatoria AYUD/2023/8628). El proyecto presentado por la Comunidad recurrente fue denegado por agotamiento del crédito presupuestario asignado, conforme a la cláusula 11ª de la Convocatoria, que establece un orden de prelación por riguroso orden cronológico de presentación de solicitudes completas. La recurrente alega, como argumentos principales: (1) que su solicitud fue presentada a las 00:00:00 del 21 de junio de 2023, pero por el colapso técnico del Registro Electrónico del Principado de Asturias —derivado de la alta concurrencia simultánea de solicitudes con elevado peso informático (entre 60 y 100 MB)— no fue registrada hasta las 00:08:14, lo que le perjudicó en el orden de prelación; (2) que las solicitudes de los agentes rehabilitadores Carlos Antonio y Juan Ignacio, que sí obtuvieron la subvención, no estaban completas en el momento de presentación, tal y como acreditarían los requerimientos de subsanación que la propia Administración les dirigió, en los que se indicaba expresamente que "no se ha aportado toda la documentación necesaria para proceder a la correspondiente tramitación"; (3) que la convocatoria de 2023 exigía aportar el modelo normalizado de solicitud, todos sus anexos completos y la documentación de la cláusula 8.4 para considerar una solicitud completa a efectos de prelación, a diferencia de la convocatoria de 2024, que modificó expresamente este requisito; y (4) que, de reconocérsele la ayuda, habría sufrido perjuicios adicionales por el incremento de costes laborales y de materias primas desde la presentación en marzo de 2023, cuantificables en ejecución de sentencia. La pretensión es que se declare el derecho a percibir la subvención y se condene a la Administración a abonar la cuantía íntegra más intereses y daños y perjuicios. La Administración autonómica se opone alegando que todas las solicitudes beneficiarias aportaron la documentación exigida en la cláusula 8.4 —incluido el certificado de eficiencia energética generado con el programa normalizado y las tres ofertas de distintos proveedores— y que no existieron incidencias técnicas acreditadas en el Registro Electrónico. Las comunidades codemandadas respaldan la posición administrativa y añaden que: el agotamiento del crédito es causa legítima de denegación; no hubo flexibilización de requisitos; la Resolución de 12 de junio de 2024, que rectificó la de 25 de marzo de 2024, no fue impugnada por la recurrente y habría devenido firme; y la diferencia temporal entre el registro de la recurrente y las solicitudes beneficiarias excluye cualquier controversia legítima sobre la prelación. No consta cuantía económica exacta de la ayuda solicitada, fijándose la cuantía del recurso como indeterminada.
Fallo
La sentencia, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias, resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad de Propietarios recurrente contra las resoluciones de la Consejería autonómica que denegaron su solicitud de subvención para rehabilitación de edificio al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), convocatoria AYUD/2023/8628. De los fundamentos de derecho que se extractan en los antecedentes, el TSJ constata que el proyecto de la recurrente no obtuvo la subvención exclusivamente por agotamiento del crédito presupuestario, conforme a la cláusula 11ª de la Convocatoria. La Sala analiza si la aplicación del orden de prelación fue conforme a Derecho, debiendo determinar: (a) si las solicitudes que precedieron a la recurrente en el orden de prelación estaban o no completas a efectos de la cláusula 8.4 de las Bases; y (b) si el retraso en el registro de la solicitud de la recurrente (de las 00:00:00 a las 00:08:14 del 21 de junio de 2023) fue imputable a una incidencia técnica del Registro Electrónico del Principado de Asturias. El fallo es desestimatorio del recurso. El TSJ confirma las resoluciones administrativas impugnadas, considerando que: (1) la Administración aplicó correctamente la cláusula 11ª, pues el orden de prelación se fijó atendiendo a solicitudes completas en los términos de la cláusula 8.4, y los documentos no aportados con la solicitud inicial (archivo del programa de eficiencia energética y ofertas de proveedores) podían subsanarse sin que su ausencia implicase la incompletud de la solicitud a efectos de prelación, conforme al informe de la Jefa del Servicio de Promoción y Financiación; (2) la recurrente no ha acreditado la existencia de incidencias técnicas en el Registro Electrónico que justifiquen el retraso en el sellado; (3) la diferencia temporal entre la solicitud de la recurrente (00:08:14) y las solicitudes beneficiarias es suficientemente amplia como para excluir que el eventual retraso técnico hubiera alterado el orden de prelación; y (4) la Resolución de 12 de junio de 2024 no fue impugnada, lo que conlleva su firmeza parcial. No se aplican artículos de la LOE ni del Código Civil, sino la Ley 38/2003 General de Subvenciones, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y las bases de la convocatoria AYUD/2023/8628. No consta referencia a STS específica. No hay condena dineraria. Las costas no se mencionan expresamente en los fragmentos transcritos. No constan votos particulares.
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