Hechos
Propietaria de un local en Madrid ejecuta en 2004 un tejadillo sobre el patio comunitario, incorporándolo de facto a su local sin autorización comunitaria. La comunidad de propietarios realizó protestas reiteradas en actas de múltiples juntas desde 2003. La demandada alegaba consentimiento tácito de la comunidad por pasividad y reclamaba la prescripción de la acción por haber transcurrido más de 15 años.
Fallo
El Tribunal Supremo (ponente Seoane Spiegelberg) estima el recurso de casación de la comunidad y condena a la propietaria a restituir el patio y reponer el estado original. El TS establece dos doctrinas fundamentales: (1) La acción de reintegro de elemento común tiene naturaleza REAL — somete a prescripción de 30 años del art. 1963 CC, no de 15 años; (2) El silencio de la comunidad no equivale a consentimiento tácito: el consentimiento tácito requiere "actos inequívocos" de significado positivo, no mera pasividad; las protestas reiteradas en actas refuerzan la ausencia de consentimiento.
Sentencias parecidas
- Propiedad horizontal: nulidad del acuerdo comunitario que prohíbe uso de chimenea/salida de humos existente; doctrina de los actos propios en LPH (art. 18.1.c LPH + art. 7 CC): tolerancia de más de 14 años y conocimiento sin objeción de reformas = confianza legítima que impide acuerdo posterior prohibitivoTribunal Supremo (Sala de lo Civil), 29 de enero de 2026 · Otros plazos
- El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), ponente María Isabel Perelló Doménech, dictó sentencia 643/2023 el 18/05/2023 (ROJ: STS 2467:2023, ECLI:ES:TS:2023:2467, Rec. 2240/2021) estableciendo que el principio de proporcionalidad del art. 37.2 LGS limita el reintegro de subvenciones al exceso sobre el límite de minimis cuando el beneficiario ha ejecutado íntegramente el proyecto subvencionado. ROTOGAL S.L., empresa beneficiaria de subvenciones públicas de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia para el programa GALP 5-049, había recibido dos ayudas: una primera subvención del IGAPE (€34.330, julio 2016) y una segunda de la Consellería do Mar (€173.465, noviembre 2016). El total acumulado ascendió a €207.795, superando en €19.000 el umbral de minimis de €200.000 establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013. La Consellería do Mar ordenó el reintegro íntegro de €173.465 más intereses, al entender que la superación del límite de minimis convertía la ayuda en incompatible con el mercado interior y justificaba su devolución total. ROTOGAL impugnó la resolución alegando que había ejecutado íntegramente el proyecto subvencionado, que había comunicado de forma temprana la primera ayuda del IGAPE, que el exceso era mínimo (€19.000) y que no existía distorsión comprobada de la competencia. El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación y estableció la siguiente doctrina: el principio de proporcionalidad del art. 37.2 LGS tiene "una orientación claramente finalista orientada al interés económico general", y aplica no solo a incumplimientos materiales del proyecto sino también cuando la causa de reintegro es una irregularidad ex ante (superación del límite de minimis). Los factores que abonan la proporcionalidad son: (1) comunicación temprana del beneficiario sobre la primera ayuda; (2) cumplimiento íntegro del proyecto y sus objetivos; (3) magnitud reducida del exceso (solo €19.000 sobre €207.795); (4) ausencia de distorsión comprobada de competencia. El TS anuló el reintegro total y lo limitó al exceso de €19.000. Esta sentencia tiene especial relevancia para técnicos AEC que gestionan subvenciones de rehabilitación energética (NGE/PRTR, RENOVE, ARI) para clientes que pueden haber acumulado ayudas de minimis de distintos organismos: cuando la suma supera el umbral, la STS 643/2023 permite impugnar el reintegro total y limitar la devolución al exceso acreditando el cumplimiento material del proyecto. Debe leerse junto a STS 559/2023 : proporcionalidad SÍ en exceso cuantitativo material; proporcionalidad NO en incumplimiento formal/procedimental de plazos.Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), 18 de mayo de 2023 · Otros plazos
- [PROMOTORES/INGENIERÍA INDUSTRIAL — dominio público marítimo-terrestre, prórroga concesión costera, Ley de Costas 1988, Ley 2/2013 reforma, ENCE Pontevedra celulosa, protección ambiental ría] Sentencia del TS Sala 3ª C-A Sección 5ª (ROJ STS 796/2023; ECLI:ES:TS:2023:796; ponente Olea Godoy), dictada el 6 de marzo de 2023 en el recurso de casación 7364/2021 interpuesto por ENCE Energía y Celulosa S.A., los Comités de Empresa de ENCE y la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra contra la sentencia de la Audiencia Nacional (SAN de 15/07/2021) que había anulado la Orden Ministerial de 26/11/2018 que prorrogó la concesión demanial marítimo-terrestre de ENCE en la ría de Pontevedra hasta 2073. La concesión original fue otorgada antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988 para albergar la fábrica de pasta de celulosa (planta Lourizán); la Ley 2/2013 de 29 de mayo de modificación de la Ley de Costas y del litoral introdujo la posibilidad de prorrogar por 75 años desde la solicitud las concesiones en DPMT anteriores a la LC 1988. Greenpeace España y el Ayuntamiento de Pontevedra impugnaron la prórroga ante la AN; la AN la anuló por considerar que la instalación industrial no podía estar en suelo de DPMT al no ser de "uso inherentemente marino" (arts. 25 y 32 LC). DOCTRINA TS (STS 796/2023, Olea Godoy, 06/03/2023): (a) PRÓRROGA AL AMPARO DE LA LEY 2/2013: la Ley 2/2013 permite prorrogar concesiones preexistentes en DPMT hasta 75 años contados desde la solicitud de prórroga (no desde la concesión original); la prórroga puede alcanzar 2073 si la solicitud se formuló en 2018; (b) USO "INHERENTEMENTE MARINO" NO ES EXIGIBLE: la AN requirió que la actividad industrial fuera de naturaleza inherentemente costera (que solo pudiera desarrollarse junto al mar); el TS rechaza este requisito cuando la propia Administración ya emitió informes favorables sobre la idoneidad de la ubicación y la compatibilidad de la actividad con la protección del DPMT; la discrecionalidad de la Administración al valorar la prórroga está sujeta a control judicial, pero el tribunal no puede sustituir la valoración técnica administrativa si no es arbitraria; (c) CONTROL AMBIENTAL INTEGRADO: la validez de la prórroga está condicionada a que los informes de los organismos de cuenca, de costas y de impacto ambiental sean favorables o condicionados-favorables; si existen condicionantes medioambientales, la concesión puede mantenerse supeditando la actividad al cumplimiento de esas condiciones; (d) ALCANCE LIMITADO: esta sentencia resuelve la casación del procedimiento del recurso de Pontevedra; existen recursos paralelos de Greenpeace y otras entidades que siguieron procedimientos distintos y pueden tener resolución diferente; NOTA: el TC admitió recurso de amparo contra STS 796/2023 en mayo 2025 — la doctrina podría ser revisada constitucionalmente.Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), 6 de marzo de 2023 · Otros plazos
- [CONSTRUCTORES — contrato de obra pública, retrasos imputables a la Administración, modificados de obra, indemnización compatible, riesgo y ventura, AVE Corredor Norte-Noroeste Variante Burgos] Sentencia del TS Sala 3ª C-A Sección 7ª (ROJ STS 3329/2015; ECLI:ES:TS:2015:3329; ponente Díaz Delgado), dictada el 13 de julio de 2015, resolviendo el recurso de casación 1592/2014 interpuesto por Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A. contra la Administración General del Estado (Ministerio de Fomento). La contratista ejecutó parte de la Variante Ferroviaria de Burgos del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad y reclamó 7.031.908,03 € de indemnización por retrasos, paralización de maquinaria y costes indirectos imputables a la Administración (falta de disponibilidad de terrenos, retrasos en permisos, deficiencias de coordinación). La AGE sostenía que los modificados de obra firmados implicaban la aceptación íntegra de la situación contractual sin reservas adicionales y que los costes reclamados eran riesgo normal del contratista; que la prórroga del plazo equivalía a renuncia a indemnizaciones. DOCTRINA TS (STS 3329/2015, Díaz Delgado, 13/07/2015): (a) MODIFICADO NO ES RENUNCIA: la aceptación de un modificado de obra no equivale a renuncia de los daños y perjuicios sufridos por el contratista, salvo que exista una declaración expresa de renuncia o una incompatibilidad patente entre lo aceptado en el modificado y la reclamación posterior; (b) INCUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERA INDEMNIZACIÓN: cuando la Administración incumple sus propias obligaciones contractuales (poner los terrenos a disposición, obtener permisos, coordinar proyectos de terceros), ello no es "riesgo y ventura" del contratista sino incumplimiento del comitente, que genera derecho a indemnización íntegra de los perjuicios causados (paralización de maquinaria, costes indirectos, gastos generales); (c) PRÓRROGA IMPUESTA ≠ RENUNCIA: la prórroga del plazo de ejecución impuesta administrativamente (por causas imputables a la Administración) no puede interpretarse como renuncia tácita a reclamar los perjuicios económicos derivados de la extensión del plazo; (d) DISTINCIÓN RIESGO NORMAL VS. DAÑO POR INCUMPLIMIENTO: el riesgo y ventura del contratista en contratos de obra pública abarca los riesgos normales de la actividad constructiva (fluctuaciones de precios, dificultades técnicas previsibles, climatología ordinaria); no abarca los perjuicios causados directamente por el incumplimiento de las obligaciones del comitente público.Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), 13 de julio de 2015 · Otros plazos
- Ruina funcional por humedades, goteras y atascos — responsabilidad promotor-vendedor IVIMA, art. 1591 CCTribunal Supremo, 20 de mayo de 2013 · Otros plazos
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