Hechos
Artemio solicitó constituir servidumbre forzosa de desagüe para conectar su vivienda a la red municipal de saneamiento mediante tubería subterránea a través de un camino propiedad de los demandados. La Audiencia Provincial estimó la pretensión. Los demandados recurrieron alegando que la fosa séptica en la propia finca hacía innecesaria la servidumbre.
Fallo
El Tribunal Supremo desestimó el recurso confirmando la existencia de necesidad para constituir la servidumbre de desagüe. Aplicó concepción evolutiva conforme a la realidad social vigente (art. 3.1 CC): la conexión a la red pública responde a exigencias medioambientales y de salud pública que hacen inadecuada la retención en fosa séptica, con independencia de que técnicamente sea posible.
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- [PROMOTORES/INGENIERÍA INDUSTRIAL — dominio público marítimo-terrestre, prórroga concesión costera, Ley de Costas 1988, Ley 2/2013 reforma, ENCE Pontevedra celulosa, protección ambiental ría] Sentencia del TS Sala 3ª C-A Sección 5ª (ROJ STS 796/2023; ECLI:ES:TS:2023:796; ponente Olea Godoy), dictada el 6 de marzo de 2023 en el recurso de casación 7364/2021 interpuesto por ENCE Energía y Celulosa S.A., los Comités de Empresa de ENCE y la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra contra la sentencia de la Audiencia Nacional (SAN de 15/07/2021) que había anulado la Orden Ministerial de 26/11/2018 que prorrogó la concesión demanial marítimo-terrestre de ENCE en la ría de Pontevedra hasta 2073. La concesión original fue otorgada antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988 para albergar la fábrica de pasta de celulosa (planta Lourizán); la Ley 2/2013 de 29 de mayo de modificación de la Ley de Costas y del litoral introdujo la posibilidad de prorrogar por 75 años desde la solicitud las concesiones en DPMT anteriores a la LC 1988. Greenpeace España y el Ayuntamiento de Pontevedra impugnaron la prórroga ante la AN; la AN la anuló por considerar que la instalación industrial no podía estar en suelo de DPMT al no ser de "uso inherentemente marino" (arts. 25 y 32 LC). DOCTRINA TS (STS 796/2023, Olea Godoy, 06/03/2023): (a) PRÓRROGA AL AMPARO DE LA LEY 2/2013: la Ley 2/2013 permite prorrogar concesiones preexistentes en DPMT hasta 75 años contados desde la solicitud de prórroga (no desde la concesión original); la prórroga puede alcanzar 2073 si la solicitud se formuló en 2018; (b) USO "INHERENTEMENTE MARINO" NO ES EXIGIBLE: la AN requirió que la actividad industrial fuera de naturaleza inherentemente costera (que solo pudiera desarrollarse junto al mar); el TS rechaza este requisito cuando la propia Administración ya emitió informes favorables sobre la idoneidad de la ubicación y la compatibilidad de la actividad con la protección del DPMT; la discrecionalidad de la Administración al valorar la prórroga está sujeta a control judicial, pero el tribunal no puede sustituir la valoración técnica administrativa si no es arbitraria; (c) CONTROL AMBIENTAL INTEGRADO: la validez de la prórroga está condicionada a que los informes de los organismos de cuenca, de costas y de impacto ambiental sean favorables o condicionados-favorables; si existen condicionantes medioambientales, la concesión puede mantenerse supeditando la actividad al cumplimiento de esas condiciones; (d) ALCANCE LIMITADO: esta sentencia resuelve la casación del procedimiento del recurso de Pontevedra; existen recursos paralelos de Greenpeace y otras entidades que siguieron procedimientos distintos y pueden tener resolución diferente; NOTA: el TC admitió recurso de amparo contra STS 796/2023 en mayo 2025 — la doctrina podría ser revisada constitucionalmente.Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), 6 de marzo de 2023 · Otros plazos
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