Hechos
Un particular impugnó una resolución de la Consejería de Política Territorial de Galicia (7-11-2005, confirmada en reposición el 6-7-2007) que declaraba la imposibilidad de legalizar y ordenaba demoler una vivienda unifamiliar en Bueu, y atacó de forma indirecta las Normas Subsidiarias en cuanto clasificaban sus terrenos como suelo no urbanizable. Alegaba caducidad del procedimiento, obtención de la licencia por silencio positivo y carácter urbano del suelo. El TSJ de Galicia (Sección 2.ª, 26-11-2009) desestimó el recurso: la caducidad no concurría, el art. 195.1 de la Ley 9/2002 impide adquirir licencia por silencio y la obra no estaba terminada cuando entró en vigor esa ley.
Fallo
La Sala Tercera del Tribunal Supremo (sentencia de 5 de julio de 2013, recurso de casación 2590/2010) declara haber lugar al recurso, casa y anula la sentencia del TSJ, y resolviendo ella misma desestima el recurso contencioso-administrativo del particular, de modo que subsiste la orden de demolición y la clasificación como suelo no urbanizable, sin costas. En la parte visible de la fundamentación recuerda que, para el suelo urbano, la jurisprudencia exige servicios suficientes para la edificación y la inserción de los terrenos en la malla urbana, que al impugnar indirectamente unas normas la condición de suelo urbano debe acreditarse a la fecha de su aprobación, y que la apreciación del TSJ sobre la falta de integración en la malla urbana era acertada. El razonamiento intermedio de la sentencia no figura en la ficha consultada.
Qué dicen los preceptos que aplica
- Ley de Ordenación de la Edificación, art. 9
- Obligaciones del promotor.
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