Hechos
Una comunidad de propietarios ejercita acción de responsabilidad por vicios constructivos al amparo del art. 1591 CC contra la promotora y el constructor de un edificio residencial, reclamando daños en elementos estructurales y de cimentación. En el procedimiento se aportan dictámenes periciales de parte que divergen sustancialmente en cuanto a la causa de los daños: uno de ellos atribuye los defectos a fallos de ejecución en la cimentación, mientras el dictamen de la parte demandada niega la entidad estructural de las lesiones y las califica como simples defectos de acabado. El juzgado de primera instancia, valorando ambas periciales, da preferencia a la pericial del perito designado judicialmente que coincide parcialmente con la pericial de la actora y estima la demanda parcialmente. La Audiencia Provincial revoca la sentencia al considerar que los daños no alcanzan el umbral de ruina funcional o potencial que exige la jurisprudencia sobre el art. 1591 CC, y además argumenta que no se ha acreditado el nexo causal con la actuación de los demandados. El Supremo examina si la Audiencia ha infringido las reglas de valoración probatoria al prescindir del dictamen pericial judicial y concluir que los daños son de escasa entidad cuando el propio perito judicial había estimado comprometida la estabilidad del inmueble. El recurso de casación alega infracción del art. 1591 CC y su jurisprudencia interpretativa, así como error palmario en la valoración pericial.
Fallo
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación y casa la sentencia de la Audiencia Provincial por infracción del art. 1591 CC y de la doctrina jurisprudencial sobre el concepto de ruina. La Sala declara que la Audiencia realizó una valoración arbitraria de la prueba pericial al apartar las conclusiones del perito judicial sin motivación suficiente y sin señalar en qué datos concretos del dictamen sustentaba su discrepancia. El TS reitera que, aunque la valoración de la prueba pericial corresponde soberanamente a los tribunales de instancia con arreglo a las reglas de la sana crítica (art. 348 LEC), dicha libertad valorativa no es absoluta: el juzgador debe motivar el resultado probatorio y no puede desechar sin justificación racional la pericial que ha sido practicada con todas las garantías. Cuando existen dictámenes contradictorios, el tribunal ha de explicitar los criterios que le llevan a preferir uno frente a otro —metodología empleada, coherencia con los hechos acreditados, cualificación técnica del perito, razones de objetividad—, y no puede incurrir en arbitrariedad o ilógica evidentes. La Sala constata que los daños acreditados pericialmente afectan a elementos estructurales y comprometen la estabilidad y la habitabilidad del inmueble, lo que encaja en los supuestos de ruina funcional y potencial contemplados por la jurisprudencia sobre el art. 1591 CC, resultando por tanto procedente la responsabilidad solidaria de promotora y constructor. La sentencia devuelve el litigio al estado procesal correspondiente para cuantificación de daños.
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