Hechos
El litigio enfrenta a FUSTERIA 30, S.A. (subcontratista, actora-apelada) contra DUMEZ CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. —posteriormente denominada COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.— (contratista principal, demandada-apelante), en el marco de un contrato de subcontrata de obra en Barcelona. La actora había sido subcontratada por la demandada para la ejecución de determinados trabajos de carpintería o ebanistería (fustería) en una obra de construcción no identificada expresamente en la sentencia. Al término de la ejecución, la subcontratista tenía pendientes de cobro facturas por importe de 8.188.672 pesetas. La demandada, por su parte, emitió una factura a cargo del subcontratista por 6.774.400 pesetas, correspondientes a penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos que atribuía a la actora (fundamentalmente retrasos en la ejecución). Las partes negociaron sus diferencias y llegaron a un acuerdo: la factura de penalización de 6.774.400 pesetas quedó reducida a 4.640.000 pesetas. El actor emitió una nota de abono a favor de la demandada por ese importe de 4.640.000 pesetas. La demandada satisfizo a la actora la diferencia de 2.134.400 pesetas (8.188.672 – 6.054.272, aproximadamente). Al día siguiente de entregar la nota de abono, el actor comparecía ante notario haciendo constar unilateralmente que se había visto coaccionado para emitir dicho abono, como condición impuesta por la demandada para cobrar las 2.134.400 pesetas. La actora reclamó en juicio ordinario de menor cuantía la cantidad de 4.640.000 pesetas (importe de la nota de abono), alegando que la misma se otorgó bajo coacción o intimidación (vicio del consentimiento), lo que determinaría su nulidad. La demandada se opuso alegando que el abono era consecuencia de un acuerdo transaccional libremente alcanzado entre empresas para liquidar las diferencias surgidas durante la ejecución del contrato. Las pruebas practicadas incluyeron fundamentalmente documental (facturas, nota de abono, acta notarial unilateral). No consta que se practicase pericial sobre el alcance real de los incumplimientos ni que la actora acreditase la correcta ejecución de su prestación. El Juzgado de Primera Instancia nº 50 de Barcelona, en sentencia de 15 de diciembre de 1997, estimó la demanda y condenó a DUMEZ/COPISA a abonar 4.640.000 pesetas más intereses legales desde la interpelación (con devengo conforme al art. 921 LEC desde la sentencia), con imposición de costas a la demandada, al considerar que ésta no había acreditado los perjuicios en que fundaba su factura de penalización. La demandada interpuso recurso de apelación.
Fallo
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 4ª) estima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. y revoca la sentencia de primera instancia, absolviendo a la demandada de la reclamación de 4.640.000 pesetas. El tribunal corrige la distribución de la carga de la prueba efectuada por el juez a quo, que había aplicado incorrectamente el art. 1214 CC (vigente a la fecha, equivalente al actual art. 217 LEC). La Audiencia razona que la premisa fáctica del juzgado de instancia era errónea: no se trataba de una reclamación del subcontratista a la que el constructor opusiera un incumplimiento, sino de la existencia de un documento —la nota de abono— emitido por el propio actor en favor del demandado por 4.640.000 pesetas. La existencia de dicho documento altera radicalmente la carga de la prueba: es el actor quien debe acreditar que el documento adolece de causa falsa o viciada (coacción o dolo), no el demandado quien debe justificar los incumplimientos que dieron lugar al acuerdo. La Sala considera que el actor no aportó prueba alguna de que la obra se ejecutó conforme a lo pactado y sin incumplimiento, ni de la existencia real de intimidación o dolo. Se subraya que la alegación de vicios del consentimiento entre empresas resulta inverosímil sin respaldo probatorio. Por el contrario, resulta más creíble la tesis de la demandada de que las partes alcanzaron un acuerdo transaccional (arts. 1255 y 1156 CC), perfectamente válido, liquidando las diferencias sobre la ejecución del contrato. La mera acta notarial unilateral del día siguiente a la firma del acuerdo no constituye prueba suficiente de la coacción alegada. No se aprecian artículos de la LOE (inaplicable, anterior a su vigencia) ni del art. 1591 CC. El fundamento jurídico descansa en los arts. 1214, 1255 y 1156 CC. En cuanto a costas: se imponen las de primera instancia al actor; sin pronunciamiento sobre las de apelación. No constan votos particulares.
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